Participación Ciudadana (PC), pidió a las autoridades que apliquen el régimen de consecuencias a los funcionarios públicos que no han cumplido con la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio Público, tras el vencimiento del plazo para presentar sus declaraciones establecido por la Ley No. 311-14.
La organización calificó la falta de cumplimiento de esta obligación legal como «una burla» y exigió que todos los responsables sean sometidos al imperio de la ley.
PC indicó que la Ley No. 311-14 estipula que los funcionarios y servidores públicos, deben declarar su patrimonio dentro de los 30 días posteriores a la asunción de sus cargos. Sin embargo, según PC, la mayoría de los funcionarios ha incumplido con este deber, incluyendo a legisladores que deberían dar ejemplo en el respeto a las leyes que ellos mismos aprueban.
Recordó que estos funcionarios han tenido no solo 30 días, sino 120 días desde su elección en mayo para preparar sus declaraciones.
Algunos legisladores han solicitado una extensión del plazo, lo cual PC considera una muestra de su desconocimiento de la ley. La organización aclaró que el plazo de presentación no puede ser extendido por la Cámara de Cuentas, ya que hacerlo violaría la propia norma. El reglamento sólo permite una prórroga de diez días adicionales, en casos donde la declaración haya sido presentada de manera incompleta.
PC también explicó, que si bien la ley contempla la posibilidad de presentar la declaración de forma tardía, esta debe ser remitida al Ministerio Público para que investigue las razones del retraso. La organización también señaló errores en la interpretación de la ley, como la exigencia de movimientos de tarjetas de crédito y viajes al exterior, los cuales no forman parte de los requisitos establecidos por la normativa.
Además, PC hizo un llamado a la Cámara de Cuentas y a la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos para que publiquen los nombres de quienes han cumplido, de aquellos que lo han hecho fuera de plazo y de los que no han presentado su declaración. Esta medida, según la entidad, aumentaría la transparencia y permitiría que la ciudadanía sea testigo del cumplimiento o incumplimiento de la ley.
La organización también solicitó que se informe a la ciudadanía sobre si los casos de incumplimiento ya han sido enviados al Ministerio Público, como lo exige la ley y si se han aplicado sanciones como la retención de salarios. En casos de falsedad en la declaración, recordó PC, la norma contempla acciones penales.
Finalmente, PC instó al Gobierno, al Congreso y a las autoridades municipales a redoblar sus esfuerzos para garantizar que todos los funcionarios cumplan con la ley, aplicando las sanciones correspondientes. Además, sugirió que el régimen de consecuencias debería modificarse para incluir la inhabilitación para ocupar cargos públicos en casos de incumplimiento, como una forma de garantizar la integridad y transparencia en la función pública.
