El próximo martes se cumple el plazo de 15 días que el presidente Luis Abinader otorgó a los funcionarios de su gobierno para presentar su declaración jurada de bienes. Esta medida busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
El mandatario advirtió el 23 de septiembre que aquellos que no entregaran su declaración jurada en los siguientes 15 serían suspendidos de sus cargos y, quienes no lo hagan en un mes, serían destituidos.
Hasta el corte de ayer en la página web de la Cámara de Cuentas, 11 ministros en funciones y tres salientes habían cumplido con esta obligación legal.
La Cámara de Cuentas ha establecido que los 14 ministros que fueron confirmados en sus puestos no tienen la obligación legal de volver a declarar sus bienes. A pesar de esto, el ministro de Educación, Ángel Hernández, y el de Educación Superior, y Franklin García Fermín, entregaron el documento.
«En los casos en los cuales no exista cambio de designación o de nombramiento, así como que la norma no establezca un período determinado de duración del cargo de lo cual se requiere ratificación, no resulta obligatorio presentar actualización», indicó la Cámara de Cuentas.
Los ministros han declarado activos por 1,217.7 millones de pesos y pasivos por 45.5 millones, para un patrimonio neto sumado de 1,172 millones de pesos.
Tenían 30 días para declarar
La Ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio, establece que los servidores publicados obligados a declarar sus bienes deben hacerlo un mes después de su designación y 30 días después de haber cesado su cargo. Esto significa que los ministros que fueron juramentados en sus cargos el 16 de agosto debieron hacerlo antes del 16 de septiembre.
