Diez meses después de que la Asamblea Nacional francesa aprobara la muy controvertida Ley de Asilo e Inmigración, el Gobierno de Michel Barnier ha anunciado una nueva ley de inmigración, la 33ª desde 1980.
Un anuncio que ha creado malestar, después del anuncio del alza de impuestos, entre los diputados macronistas, aliados de Barnier en el Gobierno. La extrema derecha aplaude la iniciativa y espera con ansias el texto.
“Es necesaria una nueva ley”, en particular para permitir “una prolongación del periodo de detención en los centros de retención administrativa” para los inmigrantes ilegales considerados peligrosos, declaró Barnier.
Plazo de detención
Una de las pistas que explora el Gobierno de Barnier es aumentar de 90 a 210 días el plazo máximo de detención, un plazo que actualmente sólo es posible en caso de delitos de terrorismo.
“No nos marcamos límites para reflexionar en otras disposiciones”, dijo a los medios franceses la portavoz, Maud Bregeon, para quien no debe haber “ningún tabú cuando se trata de proteger a los franceses”.
El jefe de los diputados de Macron y ex primer ministro, Gabriel Attal, consideró este lunes que una nueva ley de inmigración no le parecía “una prioridad total”.
A finales de septiembre, los diputados del grupo de derecha Los Republicanos de Laurent Wauquiez presentaron un proyecto de ley para prolongar el periodo de detención de los inmigrantes ilegales considerados peligrosos, tras el asesinato de una joven estudiante filipina en París.
El Ejecutivo espera que este texto llegue al Parlamento a principios de 2025. Bregeon aseguró que el Gobierno piensa debatir el asunto con “todos los grupos parlamentarios” y que ‘no buscaría el apoyo de la Agrupación Nacional”.
Uno de los primeros en reaccionar de forma entusiasta al anuncio de nueva ley fue el jefe de filas de la extrema derecha, Jordan Bardella, de la Agrupación Nacional, partido con más diputados en el hemiciclo. Esto demuestra que “no se puede hacer nada sin nosotros en el Parlamento”, dijo.
Esta ley llega bajo presiones tanto internas como externas. Primero, efectivamente, desde la extrema derecha que ha presionado desde el principio para que haya una ley dura contra los inmigrantes con la amenaza de censurar al Gobierno si no se presentaba un nuevo proyecto de ley.
También, a nivel interno, el ministro del Interior, Bruno Retailleau, que viene del ala dura del partido conservador, siempre ha defendido una línea estricta y una ampliación de los períodos de detención administrativa.
La ley que se aplica en estos momentos fue promulgada a principios de 2024 después de muchos debates y una censura por parte del Consejo Constitucional.
Entre ellas las “cuotas” migratorias fijadas por el Parlamento, el restablecimiento del delito de residencia ilegal, la garantía de retorno de los estudiantes extranjeros, las medidas que restringen la reagrupación familiar o que limitan el derecho de residencia legal.
La mayor parte de lo anulado por el Consejo eran exigencias de la derecha, entre ellos, el actual ministro del Interior, entonces a la cabeza de los senadores conservadores.
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