Redacción.- El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) acusó este domingo al Gobierno de Luis Arce de buscar “eliminarlo” con un ataque armado supuestamente planificado con dos de sus ministros con el fin de acabar con el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
En una declaración en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, el también líder del MAS dijo que Arce cambió en la víspera al alto mando militar con un solo objetivo: “eliminar a Evo Morales”.
Según Morales, en una reunión con el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, y el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, el presidente Arce habría planeado el ataque armado.
El exmandatario afirmó en septiembre en una entrevista que el Gobierno tenía planes de “matarlo”, y manifestó que Arce le dijo a sus ministros: “solo eliminando a Evo Morales vamos a eliminar al MAS”.
Evo Morales denunció que esta madrugada fue blanco de un ataque mientras se dirigía de la localidad de Villa Tunari a Lauca Ñ para participar en su programa dominical en la emisora cocalera Kawsachun Coca.
El exgobernante relató que un grupo de desconocidos, que iba en dos o tres camionetas, disparó varias veces al vehículo en el que se transportaba propinando logrando herir al conductor, pero que pese a eso lograron escapar, mientras que el suceso quedó grabado por una mujer que lo acompañaba.
El presidente Luis Arce condenó la violencia en la política y ordenó «una inmediata y minuciosa investigación para esclarecer este hecho». Sin embargo, algunos líderes sociales afines al Ejecutivo consideraron que el suceso fue un «autoatentado».
Por su parte, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, del bloque oficialista cercano a Morales, pidió formalmente a la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum, «disponer medidas de protección a la vida del expresidente» junto a la creación de una comisión que investigue el ataque «de manera objetiva, pericial e imparcial».
Asimismo, remitió cartas al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk; al secretario General de la ONU, Antonio Guterres y al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrel, para que se pronuncien sobre lo acontecido y se garanticen los derechos de Morales.
También la Defensoría del Pueblo emitió un nuevo comunicado en el que considera que «es fundamental que las autoridades e instituciones llamadas por ley investiguen estos hechos de manera pronta, objetiva e imparcial».
Estos hechos se producen cuando esta jornada se cumplen dos semanas del bloqueo indefinido de caminos que los seguidores de morales mantienen para exigir que el Gobierno retire los procesos judiciales por trata de personas y estupro contra Evo Morales, que consideran forman parte de una persecución política.
También piden soluciones al encarecimiento de alimentos, la falta de dólares, la irregular provisión de combustibles y respeto a un congreso del MAS que en 2023 declaró a Morales «candidato único» para las elecciones del próximo año.
El sábado, la Cancillería boliviana denunció a la comunidad internacional que las protestas lideradas por Morales «pretenden interrumpir el orden democrático» y poco después Arce cambió el alto mando militar con el pedido de que resguarden el orden público y la democracia.
