LA ALTAGRACIA.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia impuso medidas de coerción consistentes en garantía económica de 10 mil pesos y presentación periódica contra la empresaria Judith Santana de Castillo, quien fue arrestada durante recientes allanamientos a propiedades de la red de narcotráfico, lavado y tenencia ilegal de armas, desmantelada en julio pasado con la Operación RANA.
Luego de acoger la solicitud de medida de coerción presentada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, la jueza Francis Reyes, le impuso a la imputada una garantía económica ascendente a 10 mil pesos y la presentación periódica por ante la Fiscalía de La Altagracia, en lo que concluyen las investigaciones.
Santana de Castillo, socia del Motopréstamo Ricardo SRL, de esta localidad, fue sometida a la justicia luego de que se le ocupara una pistola, calibre 9 milímetros, marca HS2000, violentando así el protocolo para la obtención de armas de fuego a personas morales y siendo la misma un arma perteneciente a un exconvicto por narcotráfico, según los registros policiales. El arma fue incautada durante un allanamiento al referido negocio, por su vinculación en la investigación financiera.
En un comunicado de prensa el órgano del sistema de justicia señala que el arma fue ocupada durante las pesquisas de la Operación RANA, donde se incautaron y allanaron propiedades relacionadas a Rigoberto Castillo Santana, quien, conjuntamente con José Padua Castillo y Robert Montás Ruiz, fue detenido en flagrante delito, y guardan prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-Anamuya), del municipio de Higüey.
Sus arrestos se ejecutaron en fecha 18 de julio del año 2024, aproximadamente a las 7:42 de la noche, en la carretera Bayahibe-Dominicus, próximo al parque nacional Cotubanamá, del distrito municipal de Bayahibe, en el municipio de San Rafael del Yuma, luego de que le ocuparan 6 kilogramos de cocaína clrohidratada.
