Redacción.- El exdirector de la constructora brasileña Odebrecht en Perú Jorge Barata da por terminada su colaboración con las autoridades del país andino después de que se dictase una orden de prisión preventiva en su contra, según informó la defensa.
El abogado Carlos Kauffmann dijo este jueves durante una entrevista que Barata, de nacionalidad brasileña, ya no participará como testigo en más procesos que investiguen los sobornos millonarios pagados por Odebrecht a autoridades del país andino a cambio de contratos públicos.
«Con esa actitud, cierran cualquier participación de Barata que pueda auxiliarlas», afirmó el abogado brasileño, quien alertó de los riesgos que esto puede conllevar para las investigaciones tras las más de 60 declaraciones realizadas a lo largo de los años.
Según el abogado, la orden de prisión preventiva dictada contra Barata hace menos de dos semanas supone una «violación» del tratado bilateral de cooperación entre Brasil y Perú.
Kauffmann afirmó, además, que Brasil se ofreció a proporcionar pruebas sobre el entramado de Odebrecht con la condición de que estas no fueran utilizadas contra un ciudadano brasileño que estuviera colaborando.
Pese a que Brasil no extradita a sus ciudadanos, las autoridades peruanas prevén cursar un pedido internacional de arresto contra Barata a través de la Interpol, lo que podría llevar a su detención en otros países.
La defensa del exdirectivo, quien reside en Brasil, espera poder revocar en Perú la orden de prisión, pero también prepara acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Interpol para impedir que el pedido de las autoridades peruanas sea tramitado.
La orden de prisión de 36 meses fue dictada por una juez en respuesta al pedido de la Fiscalía peruana, que afirmó en un comunicado tener «sospecha fuerte» de la participación de Barata en un caso de presunta colusión para la construcción de un gasoducto.
Según la Fiscalía, el exdirectivo de Odebrecht cerró un pacto con el entonces presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia con el objetivo de «defraudar patrimonialmente al Estado en beneficio de intereses particulares».
La defensa de Barata rechaza cualquier irregularidad en este caso y, tras denunciar como ilegal la orden de prisión preventiva, quiere pedir a la Corte Suprema de Brasil que frene cualquier tipo de cooperación judicial con Perú.
Durante sus años de colaboración, Barata afirmó que la constructora financió de forma irregular las campañas electorales de cuatro expresidentes peruanos (Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski) y sus declaraciones fueron fundamentales para las investigaciones.
Sin embargo, la Corte Suprema de Brasil invalidó el año pasado una parte de las pruebas usadas contra Humala en un caso de lavado de dinero, al considerar que estaban «contaminadas».
