Redacción.- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado denunció este jueves que Jesús Manuel Medina Martínez, uno de los cientos de detenidos después de la controvertida reelección del presidente Nicolás Maduro, murió por las «condiciones inhumanas» en las que estuvo recluido en unos calabozos en el estado Anzoátegui (este).
En un comunicado, la exdiputada expresó su «profundo dolor» por el fallecimiento, en «manos del régimen», de Medina, a quien describió como un «valiente venezolano» que, además de «padre, músico y compositor», era miembro de su partido -Vente- y participó como testigo electoral en los comicios del 28 de julio.
«Un crimen más de Maduro y su régimen. Murió en sus manos, murió por las condiciones inhumanas en las que estuvo secuestrado. A Jesús se lo llevaron por ejercer un derecho y un deber ciudadano», dijo Machado, quien se solidarizó con la familia del activista.
En el texto, la antichavista explicó que, tras su detención por agentes del «Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)», Medina, quien padecía diabetes tipo 2 y sufría un «problema cardíaco», fue llevado a unos calabozos «infrahumanos», donde «fue fuertemente maltratado y estuvo en unas condiciones higiénicas tan precarias que tuvo necrosis en ambas piernas», por lo que fue solicitado su traslado a un hospital.
No obstante, prosiguió, «durante meses, le negaron cualquier atención médica, alegando que necesitaban permiso de sus superiores en Caracas» y, «finalmente, después de tanto tiempo y denuncias, fue trasladado al hospital Luis Razetti», donde los facultativos, «al ver el estado en el que se encontraba Jesús, decidieron que debían amputarle ambas piernas», pero «en medio del procedimiento, esta mañana, falleció».
Varios partidos y dirigentes de la oposición mayoritaria -agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- condenaron el hecho a través de mensajes en redes sociales, y responsabilizaron al Estado de esta muerte.
El pasado domingo, la PUD denunció «la falta de atención médica» en este caso, al tiempo que recordó que «negar» la asistencia sanitaria a un privado de libertad «es una violación a los derechos humanos y conlleva responsabilidad individual para quien debe brindarla».
Hasta el momento, el Ejecutivo no se pronunció sobre el fallecimiento de Medina ni sobre las acusaciones de los opositores y organizaciones que denunciaron el caso.
Luego de que la PUD asegurara que hubo fraude en las presidenciales, cuyo resultado oficial no es reconocido por numerosos países, se desató una crisis marcada por protestas y operativos policiales que se saldaron con 2.400 arrestos, según el Ejecutivo, aunque las ONG han verificado 1.848 casos, entre ellos el de Medina.
