Ante la compleja situación financiera que atraviesa la intervenida Cooperativa de Ahorros y Créditos Herrera, Inc. (Coop-Herrera), los ahorrantes solicitan al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) seguimiento para la devolución del dinero ahorrado por los socios.
Recientemente, la presidenta de la entidad reguladora, Maritza López de Ortiz, indicó a Diario Libre que todas las sucursales de la cooperativa fueron cerradas y que actualmente se encuentran en un proceso de identificación y tasación de los bienes de Coop-Herrera, con el fin de elaborar una estrategia de devolución de fondos y enfrentar los compromisos derivados del desfalco, que asciende a más de 2,500 millones de pesos.
Sobre el tema, Alejandro Moscoso Segarra, abogado del artista Rafa Rosario, uno de los socios estafados, manifestó su preocupación, ya que considera que el dinero depositado en la entidad ha generado intereses con el tiempo y estos deben ser restituidos.
En ese sentido, calculó que, de los 10 millones de pesos que Rosario tenía en Coop-Herrera, se han generado dos millones en intereses, una situación similar a la de los demás asociados que reclaman la devolución de sus ahorros.
Moscoso Segarra destacó que los afectados, además de tener en riesgo sus ahorros e intereses, ahora enfrentan costos legales adicionales en su intento por recuperar los fondos.
“El Idecoop debe garantizar un seguimiento equitativo, ya que no se trata solo de mi representado, sino de muchas familias perjudicadas. Además, el Ministerio Público debe mantener una vigilancia constante en el proceso para evitar dilaciones y garantizar justicia”, afirmó.
Medida de coerción
La Operación Búho, como se le conoce al caso, ha llevado a la detención de siete ejecutivos de Coop-Herrera, acusados de estafa y otros delitos financieros. Actualmente, tres de ellos permanecen en prisión preventiva: Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borcilea y Julio César Minaya.
Mientras que a Simona Borcilea le fue impuesta una garantía económica de 1 millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
En el caso de la presidenta de la cooperativa, Kenia del Carmen Liriano Pérez, se le ordenó arresto domiciliario con una garantía económica de 3 millones de pesos, además de impedimento de salida.
A Ana Cecilia Tejada, quien era gerente, le fue impuesta una garantía económica de 3 millones de pesos, respaldada por una compañía de seguros, además de presentación periódica e impedimento de salida del país.
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