El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha arremetido contra la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por revocar el estatus de protección temporal (TPS) del que gozaban unos 350.000 venezolanos en el país norteamericano y ha apuntado al secretario de Estado, Marco Rubio, y a la congresista republicana María Elvira Salazar como los principales responsables.
“Rechazo y repudio el intento criminal de quitarle el TPS a los migrantes”, ha dicho Maduro en un discurso retransmitido por la televisión pública en el que ha hecho hincapié en que es “toda la mafia de Miami la que ha pedido quitarle este estatus” a los ciudadanos de Venezuela.
Así, ha asegurado que el objetivo es “reunir a las familias venezolanos en un país más recuperado y fuerte” ahora que se ven obligados a regresar. “Más temprano que tarde en una Venezuela recuperada, en una Venezuela próspera y fuerte, todos los migrantes regresarán al seno de la familia y reunificaremos a toda la familia venezolana”, ha dicho, antes de afirmar que los reciben “con los brazos abiertos para seguir trabajando hacia el futuro”.
En este sentido, ha aclarado que es el momento de “construir un país más sólido” en la “única tierra y patria bendita que tenemos”. “Hagámosla grande para que vuelvan todos esos migrantes que tuvieron que irse por la guerra económica y (…) a los que les hicieron creer que iban al paraíso y terminaron en la tragedia americana”, ha aseverado.
Sus palabras llegan un día después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitiera a la Administración Trump revocar este estatus a miles de migrantes del país caribeño para facilitar su posible deportación. El máximo tribunal estadounidense falló a favor de la propuesta, que busca poner fin a esta protección que se retrotrae a la etapa del expresidente Joe Biden en la Casa Blanca.
La medida adoptada por Biden facilitaba que los venezolanos pudiesen seguir beneficiándose de una protección específica hasta octubre de 2026, lo que abría la puerta a que pudieran trabajar de manera legal en Estados Unidos. Este estatus les protegía además de deportaciones inminentes.
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