El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aseguró ayer que el sector de la construcción en República Dominicana está atravesando una crisis durante los últimos años.
La secretaría de Obras Públicas de esta organización política lamentó durante una rueda de prensa realizada en su Casa Nacional que la reacción de la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader ante esta problemática sea responder con “indiferencia”.
“El Gobierno, en lugar de adoptar medidas efectivas, ha respondido con indiferencia y una política económica desconectada de la realidad”, dijo Osmali Morillo, vicesecretaria de esa estructura partidaria.
Para fundamentar su preocupación, el PLD utilizó los datos del Registro de Oferta de Edificaciones realizado por la Organización Nacional de Estadísticas (ONE) del Gobierno.
Según los señalamientos, este informe evidencia como el 52% de las obras en el país “se encuentran paralizadas”, mientras que “apenas” el 19.6% de las edificaciones están ejecución y solo el 24.1% culminada.
La secretaría de Obras Públicas del PLD entiende que estos porcentajes son un indicador “alarmante”, reflejando así la falta de “dinamismo en la inversión pública y privada”.
“(Esto) evidencia un estancamiento en la actividad (económica) del sector que amenaza con revertir los avances logrados en las administraciones (del Gobierno) pasadas”, expresó Milton Torres, vicesecretario.
“Agravantes”
Los dirigentes del PLD expresaron que esta situación se agrava debido al “contexto macroeconómico marcado por factores adversos”.
De acuerdo con las precisiones compartidas a los reporteros, estas son las altas tasas de interés hipotecario, las cuales se sitúan entre 11% y 12% en este año; el alza de la tasa del dólar, el costo de los materiales de construcción y retrasos excesivos en los permisos para las construcciones.
“Algunos permisos tardan entre ocho meses y un año, en comparación con los (máximo) 120 días que tomaban en años anteriores”, afirmó Torres.
Además, el partido político mencionó el aumento de las tarifas de inspección aplicadas por el Ministerio de Vivienda, sin que esto represente una mejora proporcional en los servicios.
Por último, deploró la “reducción” del acceso a bonos de vivienda, “dejando a miles de familias sin el sueño de tener un hogar propio”; y la disminución del gasto capital público, “limitando la inversión en infraestructura y la reactivación de empleos”.
Estas son implementar incentivos fiscales, para reducir los costos de construcción y facilitar el acceso a créditos; liberar una partida del encaje legal, de manera focalizada, para financiar viviendas de bajo costo, con tasas preferenciales y garantía de transparencia.
Asimismo, aumentar la asignación presupuestaria para bonos de vivienda, asegurando que más familias de clase media y trabajadora puedan adquirir su hogar. Además, agilizar los procesos de permisos de construcción utilizando una “ventanilla única digital” con el objetivo de disminuir los plazos a un tope de 90 días.
Sugieren crear un fondo especial de reactivación para obras paralizadas, establecer un mecanismo de supervisión ciudadanía para analizar la ejecución de las políticas públicas y garantizar la transparencia en el uso de los fondos, entre otras acciones.
“Llamamos al Gobierno a escuchar al sector productivo, a que abandone su indiferencia y actúe con responsabilidad, no hay tiempo para improvisaciones”, concluyó Morillo.
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