Legisladores de distintas bancadas políticas expresaron su rechazo a la propuesta de la jueza del Tribunal Constitucional (TC), Sonia Díaz, quien planteó la posibilidad de habilitar el derecho al voto a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, argumentando que “ya es tiempo” de que estos sectores puedan ejercer el sufragio.
La propuesta fue formulada durante una audiencia solemne por el aniversario de la Constitución Dominicana, en la que la magistrada se refirió al artículo 75, numeral 2, que establece el deber de votar como parte de los derechos ciudadanos.
Sin embargo, congresistas de diferentes partidos advirtieron que la Constitución prohíbe expresamente la participación electoral de los militares y policías activos, y que modificar esta disposición podría poner en riesgo la estabilidad institucional y la independencia del sistema político dominicano.
El diputado Ignacio Aracena (PRM) afirmó que la sociedad dominicana aún no reúne las condiciones para implementar un voto militar.
“Esa propuesta no es viable en este momento. El país no está preparado para que los cuerpos armados intervengan, ni directa ni indirectamente, en los procesos electorales”, sostuvo.
Por su parte, Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, coincidió en que el debate debe centrarse en fortalecer las instituciones democráticas y no en abrir la participación política a quienes tienen el deber de garantizar el orden.
“La historia dominicana demuestra que cuando los militares se han involucrado en política, las consecuencias han sido nefastas”, señaló.
De igual manera, el legislador Ramón Raposo (PRD) recordó que la Carta Magna es clara al respecto, y que permitir el voto a policías y militares representaría un retroceso en materia de gobernabilidad democrática.
“No debemos arriesgar los avances institucionales alcanzados en las últimas décadas. La neutralidad de las Fuerzas Armadas y la Policía debe preservarse”, enfatizó.
Analistas coinciden en que la participación militar en procesos políticos ha sido históricamente un factor de inestabilidad en el país, asociado a periodos de golpes de Estado y rupturas institucionales antes de la consolidación del poder civil.
El tema ha reavivado el debate sobre los límites entre la función militar y la política partidaria, en un contexto en el que diversos sectores abogan por preservar la independencia y la profesionalización de los cuerpos de seguridad del Estado.
