Las principales cadenas de supermercados del país solicitaron la suspensión inmediata del proceso de investigación por salvaguarda a las galletas ante la Comisión de Defensa Comercial (CDC), alegando fallas graves en el procedimiento que lo vuelven “jurídicamente insostenible” y dejan al sector importador en estado de indefensión.
De acuerdo con una nota de prensa enviada por las empresas Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, Hipermercados Olé y Bravo, desde el inicio de la investigación la CDC ha mantenido un nivel de imprecisión y falta de información que imposibilitan evaluar adecuadamente la pertinencia de la medida solicitada por los fabricantes Molinos Modernos y Molinos Valle del Cibao.
Los importadores denunciaron que ni ellos ni otras partes interesadas han tenido acceso a documentos esenciales del expediente, como anexos financieros, estudios de causalidad y evidencia del supuesto “daño grave” alegado por los fabricantes, a pesar de que la Ley 1-02 exige poner a disposición el expediente íntegro para su examen.
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Incluso, aseguran que el propio Departamento de Investigación de la CDC ha reconocido la necesidad de solicitar aclaraciones adicionales a los solicitantes.
A esto se suma, según explican, que la descripción del producto investigado es tan amplia —galletas dulces y saladas de múltiples variedades, industriales o de producción masiva— que imposibilita cualquier análisis técnico serio sobre importaciones, precios o competencia, lo que podría comprometer la validez jurídica del procedimiento.
“Bloqueo absoluto”
En el comunicado, los supermercados también advirtieron sobre un elemento que catalogan como crítico: el plazo para completar los formularios exigidos vence el 25 de noviembre, pero la documentación necesaria para llenarlos —estados financieros de las empresas solicitantes, estudios técnicos, anexos no confidenciales— no ha sido proporcionada. Esto, aseguran, implica un “bloqueo absoluto” al derecho de defensa.
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